Pemex, a 100 años de la Constitución

 

Por Raúl G. Parra R.

Es imposible hablar de Pemex, la gallina de los huevos de oro del gobierno mexicano, sin remitirse a su fundación hace ya casi 80 años, aquel 7 de junio de 1938. Como es bien sabido, el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la expropiación petrolera el 18 de marzo de aquel año, en medio de un ambiente tenso y conflictivo entre los trabajadores nacionales y las compañías extranjeras que explotaban los recursos energéticos ubicados en el territorio mexicano. Este hecho se convirtió inmediatamente en uno de los hitos de la reafirmación de la soberanía nacional.

Sin embargo, es necesario aclarar que la realidad compleja siempre es el resultado de un proceso histórico, no se da jamás espontáneamente ni de manera descontextualizada. De ahí que el científico argentino Rolando García indique que sólo un estudio diacrónico permita comprender a cabalidad un sistema o una situación en una coyuntura dada [1]. Porque al fin y al cabo, lo único que Cárdenas decretó fue que se respetara la Constitución. Por eso hay que retroceder en el tiempo, por lo menos dos décadas.

Al escribir estas líneas sufrí un efecto de agenda, como diría el semiólogo argentino Eliseo Verón [2]. Hoy se conmemora en México el centenario de la Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero de ese año en la ciudad de Querétaro. Este instrumento jurídico fue fruto de la gesta revolucionaria y el trabajo de los legisladores provenientes de todos los estados del país que se reunieron en el Gran Teatro Iturbide durante dos meses, y sustituyó a la Carta Magna anterior, de 1857.

La convocatoria del Congreso Constituyente fue realizada por Venustiano Carranza, líder del movimiento constitucionalista y que a la postre se convertiría en el Primer Jefe del Gobierno del mismo nombre. Y de entre todos los artículos discutidos y aprobados por los diputados, quizás el más importante ―y el que  se abordará aquí debido al tema― es el 27, ya que fue un parteaguas en las leyes mexicanas y sirvió como sustento jurídico para cristalizar la principal promesa de la Revolución: el reparto agrario.

Los promotores del artículo 27 fueron Pastor Rouaix y Luis Cabrera, y los diputados que participaron en su redacción fueron Cándido Aguilar, Dionisio Zavala, Nicolás Cano, José Von Versen, Enrique A. Enríquez, Heriberto Jara, Victorio Góngora, Ruben Martí, Rafael Martínez de Escobar, Federico C. Ibarra, Samuel de los Santos, José Álvarez, Pedro A. Chapa, Jesús de la Torre, Julián Adame, Silvestre Dorador, David Pastrana Jaimes, Porfirio del Castillo, Alberto Terrones Benítez y Antonio Gutiérrez [3].

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El Congreso Constituyente de 1916-1917. Foto: Gobierno de México.

Fue con base en el artículo 27 que el gobierno mexicano pudo expropiar y repartir 113, 479,147.393574 hectáreas en las 55 mil acciones agrarias resueltas a lo largo de los 85 años siguientes [4], ya que el texto estipuló que las tierras y aguas comprendidas en el territorio mexicano corresponden originalmente a la nación, y es ella, a través del Estado, la que tiene la facultad de ceder dichos bienes a los particulares, anteponiendo el interés público al interés privado.

Además ―y eso es lo más importante por el tema de Pemex―, el artículo 27 reglamentó que los bienes del subsuelo eran propiedad inalienable de la nación, y de esta forma limitó el acceso de los particulares a ellos, los cuales sólo podrían hacerlo mediante una concesión otorgada por el Estado.

Como es lógico, esto provocó una reacción furibunda por parte de las compañías extranjeras que explotaban recursos naturales en México, las cuales se asumían como propietarias ―y de facto lo eran― de la riqueza nacional. Durante las siguientes dos décadas, éstas desacataron las reglas y desplegaron una serie artimañas para evitar que se aplicara el  artículo 27, lo que ocasionó diferencias con el gobierno mexicano, aunque hasta 1936 ningún mandatario les había hecho frente con firmeza.

En ese año ―1936― Lázaro Cárdenas apoyó la organización del Primer Congreso del Sindicato de Petroleros, cuyo fin era exigir a las compañías extranjeras la firma de un contrato colectivo para los trabajadores. Durante los siguientes seis meses, las empresas desestimaron las demandas laborales de los obreros y éstos decidieron irse a huelga.

Y fue en ese contexto, ante la arrogancia e insubordinación de las compañías extranjeras ―que eran mayoritariamente estadounidenses― y el inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial, que Cárdenas, convencido de que Estados Unidos iría a hacer destrozos en suelo ajeno, decretó la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938 amparándose en la Ley de Expropiación de 1936 y haciendo valer el artículo 27 constitucional.

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Lázaro Cárdenas le anuncia al pueblo de México el decreto de la expropiación petrolera a través de la radio. Foto: WordPress.

Dos años más tarde, Lázaro Cárdenas se despidió de la presidencia de la República con una reforma constitucional al artículo 27 que el mismo promovió, la cual fue promulgada el 9 de noviembre de 1940 y decretaba la prohibición de concesiones tratándose de petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, además de que facultaba a la Ley Reglamentaria para determinar la forma en que la nación llevaría a cabo la explotación de esos productos.

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Reforma constitucional de 1940. Ilustración: Excélsior.

No cabe la menor duda de que el legado de Cárdenas, basado en el aparato legal establecido por los constituyentes de 1917, fue fundamental para la construcción de una industria petrolera nacional, que durante los últimos 79 años ha estado a cargo de Pemex.


Referencias.

[1].  García, Rolando, Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria, Barcelona: Gedisa:2006, p.128.

[2]. Verón, Eliseo, Efectos de agenda, Barcelona: Gedisa, 1999, p.75.

[3]. De la Madrid Hurtado, Miguel, “El Congreso Constituyente de 1916-1917”, en Estudios de derecho constitucional, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1977, pp.31-61. Disponible en la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3681/10.pdf

[4]. Barrios Hernández, Hortencia, “El reparto agrario y sus estadísticas”, Dirección General de apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Procuraduría Agraria, p.16 [en línea]. Consultado el 5 de febrero de 2017, en: http://www.pa.gob.mx/publica/rev_28/hortencia%20barrios.pdf

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