A propósito del Sistema Nacional ¿Anticorrupción?

Aldo Jair Munguía Hernández

México es el país más corrupto de entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), según el Índice de Percepción de la Corrupción (2016), publicado por Transparencia México en coordinación con Transparencia Internacional.

Fuente: El Economista

La calificación de 30/100 sirve de marco general para realizar un esbozo sobre la situación de las políticas de transparencia en México en el incipiente nacimiento del SistemaNacional Anticorrupción (SNA) en la administración de Enrique Peña Nieto.

El SNA es resultado, de forma paradójica, de la investigación sobre un posible conflicto de intereses protagonizado por el actual Jefe del Ejecutivo nacional y el Grupo Higa, este último, beneficiario de contratos millonarios durante la administración peñanietista en el Estado de México y en la Presidencia.

La casa Blanca, ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2014, puso en entredicho la relación entre el Presidente de la República y el grupo empresarial que construyó su residencia. Asimismo, colocó un tema toral en las mesas de debate: la transparencia y el acceso a la información pública como obligación de Estado y su papel en la lucha contra la corrupción.

El gobierno en turno tuvo que enfrentar las serias acusaciones sobre conflicto de intereses. La respuesta del gobierno vino tres meses después. El 3 de febrero de 2015, Virgilio Andrade fue presentado como Secretario de la Función Pública con el objetivo primordial de establecer si hubo o no conflicto de intereses por parte de Enrique Peña Nieto.

La empresa encargada al representante de la Secretaría de la Función Pública (SFP) permite contemplar una falta de coherencia entre el decir y el hacer, elementos siempre convergentes cuando de legitimar un mandato se trata. El veredicto de Andrade fue tan absurdo como anticipado: declaró la inexistencia del conflicto de intereses que involucró a la pareja presidencial.

Otro hecho en el cual se puede observar la lenta respuesta de comunicación de la presidencia ocurrió el 18 de julio de 2016, en el marco de la promulgación de las leyes del SNA. Peña Nieto pidió perdón a los mexicanos, reconoció su error, aunque objetó su completo apego a la ley. ¿Por qué el presidente pidió perdón si, como declaró Andrade, no hubo ningún conflicto del cual acusarlo?

Las contradicciones discursivas son una constante en la actual administración. Penosamente, el naciente SNA no escapa de las garras de la opacidad y la falta de transparencia en la información. Ideado para combatir de forma directa las prácticas corruptas de funcionarios públicos, el SNA está plagado de buenas intenciones, de un discurso bien planeado pero aún lejos de una verdadera praxis.

Si de auditar a los funcionarios públicos se trata, con el propósito de evitar, pero sobre todo, de sancionar la corrupción, ¿por qué encargar la tarea a un nuevo aparato burocrático que, además, es dependiente del jefe del Ejecutivo y costará 700 millones de pesos en su primer año de funciones?

De inicio ya hay una ruptura con los estatutos nucleares del SNA porque la meritocracia no ha sido la razón por la cual Carlos Chaurand Arzate es el nuevo Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y cuyas atribuciones son las de castigar a los funcionarios implicados en actos de desvío de recursos.

En la misma línea se encuentra la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, quien precede al blandengue Virgilio Andrade en el cargo, y quien forma parte del SNA. No hay, como lo pretenden los estatutos generales del SNA, una clara asignación de las responsabilidades en el sector público.

Las políticas anticorrupción con miras al castigo de prácticas de corrupción dependen, en suma, del desarrollo del SNA, un aparato que, por ahora, insiste en no cumplir con sus mecanismos fundacionales, que se muestra favorable al anquilosar el aparato burocrático mexicano, aun cuando no ha entrado en funciones.

Fuentes:

Informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, recuperado el 5 de febrero de 2017 de http://transparencia.org.es/ipc-2016/

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, recuperado el 4 de febrero de 2017 de  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf

Sánchez, E. (2016, 19 de julio) “Peña pide perdón por la ‘Casa Blanca’; promulga leyes anticorrupción” en Excélsior Sección Nacional. Recuperado el 5 de febrero de 2017 de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/19/1105664#imagen-1

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