Génesis del Sistema Nacional Anticorrupción: contexto social

Munguía Hernández Aldo Jair

En la entrada anterior se ligó la falta del nombramiento del Fiscal Anticorrupción y el discurso pronunciado por la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Jacqueline Peschard, del naciente Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Se presentó un esbozo sobre quién emitió el discurso y su objetivo. Ahora, en este segundo momento, se explicará el contexto social que enmarca el discurso de Peschard pronunciado el 16 de febrero en la reunión del CPC y del Senado de la República.

Grosso modo la intervención de Peschard remarcó la responsabilidad que comparten el Senado y el CPC en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción. ¿Cómo se relaciona este hecho con el contexto social en el cual se encuentra la creación del SNA?

De inició es menester señalar que la formación de una institución, la cual tiene como base principal la lucha contra la corrupción, está enmarcada en un contexto atiborrado de casos inherentes a dichas prácticas: desde el enriquecimiento ilícito de Raúl Salinas durante la presidencia de su hermano Carlos Salinas de Gortari, hasta los más recientes casos en donde figuran los exgobernadores Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), Guillermo Padrés (Sonora), Humberto Moreira (Coahuila), entre otros.

Sin embargo, la puesta en marcha del SNA tuvo como epicentro la acusación de un posible conflicto de intereses del cual el presidente Enrique Peña Nieto fue el protagonista, con la llamada Casa Blanca, a quien se le sumó el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray (actual secretario de Relaciones Exteriores), con una casa en Malinalco, Estado de México, ambas construidas por el Grupo Higa.

Tras haber sido exonerado públicamente por Virgilio Andrade (ahora director general de BANSEFI), Peña Nieto decidió atender las “exigencias de la sociedad civil” y formar una institución que permitiera la prevención, así como el castigo de quienes estén involucrados en actos de corrupción. Todo ello en mayo de 2015.

Sin embargo, hay un punto en el cual el SNA puede cobrar fuerza si no se le reducen sus atribuciones. Dicha institución está formada por un grupo de siete organismos: la Secretaría de la Función Pública (SFP); la Fiscalía Anticorrupción Independiente (FAI): el Consejo de la Judicatura Federal (CJF): el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el Comité de Participación Ciudadana (CPC); y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La oportunidad para castigar a los implicados en casos de corrupción se vuelve latente cuando de la ASF y el CPC se habla. Actualmente, la ASF es un órgano de la Cámara de Diputados que se encarga de fiscalizar la cuenta pública: cómo, en qué y por qué se ejercen recursos públicos en las tres órdenes de gobierno, así como en estados y municipios.

La ASF se ha caracterizado por ser un organismo independiente y por sus señalamientos de posibles casos de corrupción. En la auditoría correspondiente a 2015, la cual se publicó el 15 de febrero de 2017, el organismo reveló irregularidades y desvíos por más de 165 mil millones de pesos.

En palabras de la propia ASF, cuyo auditor superior es Juan Manuel Portal, es casi imposible que los recursos puedan ser reintegrados a las arcas públicas. Es dinero que se pierde año con año. Una de las problemáticas que enfrenta la ASF es la falta de procesos de investigación y castigo de prácticas como desvío de recursos públicos, tareas encomendadas a la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia a cargo del Ejecutivo Federal.

Empero, con las leyes del SNA, la ASF cuenta ahora con potestades legales para establecer mecanismos de investigación (los cuales ya se llevan a cabo en términos financieros) y sanción contra aquellos que incurran en prácticas de corrupción. Además, habrá que esperar cómo se relacionan los siete organismos integrantes del SNA, pero en puntual convergencia el CPC y la ASF que se perfilan para ser dos órganos medulares: el CPC por su relación directa con la población en general y la ASF porque se ha caracterizado por el señalamiento de prácticas de corrupción.

Asimismo, el CPC ha sido sometido a un proceso de escrutinio público, en el que además, para ser ratificados por el Senado de la República, los cinco integrantes de dicho comité debieron presentar su declaración patrimonial, fiscal y lo relacionado a posibles conflictos de intereses o lo que estipula la Ley3de3.

¿Por qué no establecer dichas condicionantes para el resto de los miembros del SNA? Por ejemplo, Ximena Puente de la Mora, comisionada presidente del INAI, no presentó su declaración hasta el 29 de mayo de 2015, un año posterior a su entrada en funciones del instituto en cuestión.

El entramado contexto en el cual se trata de establecer el SNA es en suma complejo. No se puede desestimar ningún elemento que pueda nutrir la significación que el mensaje de la doctora Peschard pronunció ante el Senado hace un par de semanas; es necesario otorgar sentido al discurso en relación con la esfera social en la cual es pronunciado, no sin olvidar que es en ese entramado de relaciones sociales en donde los discursos toman su fuerza, en donde se muestran sus bases materiales y sus consecuencias en el mundo social.

 

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