El precio de la corrupción

Munguía Hernández Aldo Jair

El esfuerzo para luchar contra la corrupción está volcado sobre el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que, como se ha mencionado, presenta problemas estructurales, los cuales atentan contra su autonomía, pero sobre todo, debilitan su poder para investigar y castigar casos inherentes a prácticas corruptas. Sin embargo, ¿contra qué se enfrentará el SNA, independientemente de sus deficiencias? ¿Cuánto nos cuestan los gobernadores corruptos: Borge, Duarte, Padrés y los que se agreguen a los cuales el SNA deberá vincular a proceso?

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) realizaron un estudio  titulado México, Anatomía de la corrupción, en donde dicha situación es equiparada con una enfermedad a la cual es menester diagnosticar para ofrecer una propuesta para combatir y evitar la grave situación en la cual México se encuentra: el país más corrupto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

La corrupción cuesta al día $165 en promedio a cada uno de los mexicanos, es decir, 890 mil millones de pesos al año, según datos del Imco. Esa cantidad de dinero representa el 33% de los gastos de las familias con ingresos mínimos, y un 14% en lo referente al promedio nacional.

Las familias mexicanas no son las únicas que se ven afectadas por la corrupción: al menos el 44% de las empresas en México aceptaron haber pagado un soborno. Pero, ¿Quiénes son los receptáculos de todo ese dinero? ¿Adónde se dirige ese flujo de pagos extraoficiales?

Según la Encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008, el 33% de las instancias de gobierno hacia las que son dirigidos los sobornos o mordidas son municipales; 26% son estatales; 24% de carácter federal; y el 17% se dirige a agencias públicas adscritas a dependencias gubernamentales en sus tres niveles.

El corrupcionario mexicano define mordida como “soborno que se ofrece como tributo al dios facilitador de trámites o anulador de infracciones de tránsito mediante su profeta en la Tierra: el funcionario de ventanilla o el policía de tránsito”, el 26% de los sobornos se dirigen a la esfera estatal, la cual, en el marco de la implementación del Sistema Local Anticorrupción (SLA) no ha facilitado las reformas a las constituciones para homologar el SNA y permitir la investigación de actos de corrupción. Y es que la corrupción es un negocio bien remunerado, pero es sobre todo, un ilícito plagado de impunidad.

Aun cuando la Auditoría Superior de la Federación detectó desvíos por más de 35 mil millones de pesos por parte de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien se encuentra prófugo, la justicia mexicana permitió la huida  del priista incluso cuando éste anunció dejaría el cargo para aclarar las acusaciones de las cuales era objeto.

Uno de los eslabones que permite la impunidad cuando de corrupción se habla es el sistema penal mexicano. De los más de 33 millones de ilícitos cometidos en 2013 ello según México Unido Contra la Delincuencia, sólo 108, 216 delincuentes fueron sentenciados. El sistema penal mexicano tiene 99% de impunidad según dicha organización. Sólo el 2% de los delitos cometidos por servidores públicos son castigados con cárcel.

La corrupción tiene una maquinaria bien aceitada que le permite seguir operando bajo esquemas recurrentes: desvío de fondos de gobernadores, conflictos de intereses, creaciones de empresas fantasmas. La carente impartición de justicia permite a los corruptos operar sin temor a ser castigados.

De 2000 a 2013 se registraron 41 casos de corrupción de gobernadores en México, así lo hace notar el investigador del CIDE Pablo Montes. De los más de cuarenta mandatarios involucrados en casos de corrupción, sólo 16 fueron investigados y, de ellos, un cuarto fue detenido.

Los actos de opacidad, las mordidas y sobornos están respaldados por un sistema de procuración de justicia deteriorado, hecho a modo para que quien decida robar dinero público no sea perseguido por la justicia, mucho menos cumpla una pena por los delitos cometidos. Contra todo ello tendrá que luchar el SNA. Una empresa casi imposible para un organismo que se encuentra sujeto a la Procuraduría General de la República, órgano empecinado en fallar a su objetivo fundamental: investigar y perseguir delitos.

 

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