El reciclaje de la PGR

Munguía Hernández Aldo Jair

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se encuentra, tras las cinco prórrogas, en un punto culminante: la designación del fiscal anticorrupción que deberá ser elegido por el Senado de la República antes del 18 de julio, fecha en la que el sistema tiene presupuestado comenzar sus funciones de prevención y lucha contra la corrupción.

A propósito de las comparecencias de los 23 candidatos a la fiscalía del SNA, el diario El Economista publicó el 20 de marzo una nota titulada “Comité entrega perfiles para fiscal”, en donde se menciona que cuatro son los seleccionados por el Comité de Acompañamiento y considerados como idóneos para dirigir tan importante puesto.

Los seleccionados son: César Alejandro Chávez Flores, José Bernardo Espino del Castillo Barón, Miguel Ángel González Félix y Manuel Luciano Hallivis Pelayo. La nota subraya que de los cuatro aspirantes, tres han fungido diversos cargos en la Procuraduría General de la República (PGR).

La nota coloca en la mesa de debate un tema que afecta directamente a la conformación del fiscal anticorrupción, pero también del SNA porque el objetivo primordial del primer fiscal es sentar las bases prácticas, nutrir con investigaciones a dicha institución y orientarla hacia el castigo de actos corruptos.

Los candidatos sugeridos por el comité de acompañamiento, salvo Hallivis Pelayo, tienen un pasado como funcionarios en la PGR, entonces, ¿hasta qué punto la independencia del fiscal anticorrupción está condicionada por su trabajo como funcionario de una dependencia que alberga más del 90% de impunidad cuando de castigo a la corrupción se trata?

Sirva de ejemplo el caso del exvisitador general de la PGR César Chávez Flores,  quien dijo, en entrevista para Aristegui en vivo  el 9 de marzo, que el fiscal anticorrupción deba contar con “autonomía técnica, operativa y de gestión”, incluso, “independencia de criterio aún para enfrentar a un poder ejecutivo”.

Chávez Flores concedió dicha entrevista un par de semanas antes de que el comité de acompañamiento lo considerara como uno de los cuatro perfiles idóneos para ser el primer fiscal anticorrupción. Empero, desde ese momento el exvisitador mencionó que “Si los intereses políticos capturan el proceso (de elección del fiscal anticorrupción) yo no participaré ahí”.

Hay un acontecimiento que pone en perspectiva el tipo de fiscal que podría ser Chávez Flores, si llegase a ser nombrado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y posteriormente ratificado por el Senado de la República. Durante su desempeño como visitador general de la PGR estuvo encargado de realizar una investigación sobre cómo se recolectaron pruebas en el río San Juan, sitio en donde se presume fueron esparcidas las cenizas de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace una treintena de meses.

Chávez Flores expuso, en un informe sobre la investigación de las indagatorias realizadas en torno a la desaparición de los estudiantes, la existencia de “detenciones ilegales y arbitrarias” en el caso Ayotzinapa, las cuales, además, mantienen en prisión a algunos de los implicados.

El informe lo entregó a la entonces Procuradora General de la República, Arely Gómez quien no respaldó el trabajo de Chávez Flores, por lo que éste dejó la PGR por no coincidir con la resolución de Gómez. Además, Carmen Aristegui mencionó que la entonces procuradora consultó con el presidente, Enrique Peña Nieto, la viabilidad de presentar el informe de Chávez, el cual el mandatario desestimó.

Arely Gómez dejó la PGR y, sin embargo, ahora es secretaria de la Función Pública, organismo encargado de vigilar las actividades de los servidores públicos federales. Como se ha expuesto anteriormente, la Secretaría de la Función Pública (SFP) está dentro del grupo de siete instituciones que conformarán el SNA. En caso de que Chávez Flores sea designado fiscal anticorrupción tendría que enfrentarse, aunque ahora en condiciones distintas debido al cargo, a la entonces procuradora quien desestimó su informe sobre las faltas graves en el proceso de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas, el cual la PGR encabezó y el cual le costó el cargo a Jesús Murillo Karam y a Tomás Zerón  de Lucio.

La designación del fiscal anticorrupción, más allá de ser una oportunidad para combatir las acciones de dicha índole, figura como un reciclaje de exfuncionarios adscritos, en algún momento de su carrera profesional, a la PGR, la cual, poco a poco, se va apoderando de los espacios del SNA.

 

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