Naturalización del asesinato a periodistas

Por: Karina López Gaona

El mes de marzo dejó tres periodistas asesinados o casi cuatro. El miércoles 29 fue baleado Armando Arrieta, jefe de redacción del diario La Opinión de Poza Rica, Veracruz. Aunque el profesional no murió en el ataque, él se encuentra en un estado de salud grave debido a la perforación de uno de sus pulmones por el impacto de una bala. Pese a que la Fiscalía del estado ya comenzó el proceso de investigación de lo sucedido, Javier Garza Fox –gerente del periódico- desligó la actividad periodística de Arrieta con el ataque, debido a que éste no cubría nota roja, “no pudo haber hecho algo malo para recibir este atentado”.

Dos días después, el presidente Enrique Peña Nieto emitió un discurso, durante el Informe Anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde  refirió a cinco temas específicos, entre ellos: las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas. “Es inaceptable que una persona sea atacada por defender a personas o por hacer uso de su libertad de expresión. Un agravio de un periodista o un defensor de los derechos humanos es una afrenta en la sociedad en su conjunto”, dijo. El ejecutivo propuso una revisión del diseño y operación de los mecanismos del Estado mexicano para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos. “Es necesario fortalecer los instrumentos y acciones de protección en el ámbito federal y también en el local. Esta es una responsabilidad que exige corresponsabilidad”.

El discurso de Peña Nieto respecto a los asesinatos de los periodistas -cuyos casos mencionó al enunciar sólo los estados en donde habían ocurrido los asesinatos: Chihuahua, Veracruz y Guerrero- se remarcan cuatro palabras clave: libertad de expresión, afrenta, responsabilidad y corresponsabilidad. El mandatario de esta nación, empleó una herramienta retórica generalista, pues estableció un ethos en donde toma su posición de enunciación al calificar como “inaceptables” los ataques derivados de practicar la libertad de expresión y dice que se trata de un hecho que ofende a la sociedad mexicana en su conjunto, por lo que se identifica un pathos que apela a la solidaridad con la comunidad periodística.

En este caso, el discurso es excluyente con quienes atentaron contra la vida de los profesionales, aunque no se menciona quiénes. Asimismo, la posible solución para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos que da el presidente es la revisión del diseño y operación de los mecanismos del Estado, a nivel federal y local, que protegen a los implicados, aunque tampoco se dice qué instituciones u organismos. Por su parte, el mandatario precisa que es responsabilidad del Estado solucionar el asunto, pero el tratamiento del problema parte de la “corresponsabilidad”, en donde las autoridades estatales y federales tienen que participar, esto señala que el presidente no se asume como un responsable de los hechos, sino como sólo una parte de ellos.

El discurso lanza algunas pistas sobre la representación del delito: asesinatos de periodistas en México; la primera es que las autoridades federales y locales saben que en la mayoría de los casos- de homicidio, amenaza, intimidación, entre otros delitos cometidos contra periodistas-  están relacionados con su actividad profesional, o bien al hacer uso de la libertad de expresión. Justo como lo confirma el gerente de La opinión cuando dice que el ataque Armando Arrieta es desconcertante porque él no cubría nota roja, modalidad periodística relacionada como una actividad con connotación negativa, al enunciar que “no pudo haber hecho algo malo para recibir este atentado”.

En dicha declaración se asume que la actividad periodística que concierne a la nota roja, donde se abordan temas de violencia física relacionados con el crimen y accidentes principalmente, es uno de los motivos por el que los periodistas son asesinados, lo cual es coyuntural con la situación delictiva de estados como Chihuahua, Veracruz y Guerrero, lugares donde se arremetió  contra los tres periodistas en marzo y donde operan diversos carteles de droga como el de Juárez,  los Beltrán-Leyva y los Zetas.

Enrique Peña Nieto no refiere a alguna persona moral o física como responsable de los actos contra los periodistas, pese a que las investigaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha vinculado el deceso de Miroslava Breach con su profesión, pues su línea de investigación desde 2008 correspondía a la ola homicida chihuahuense derivada de la medida del expresidente Felipe Calderón: la guerra contra el narcotráfico.   O bien, en el caso de Armando Arrieta quien, según Animal Político, desde 2005 “fue un duro crítico de las autoridades, a las que exigió el esclarecimiento del asesinato de su jefe y dueño del mismo diario, Raúl Gibb Guerrero, ocurrido en abril de ese año”.

Por otra parte, en el discurso de Enrique Peña Nieto, si bien no se responsabiliza a una institución u organización gubernamental sobre su quehacer respecto a los mecanismos de protección a periodistas, su propuesta de revisar cómo operan éstas y el fortalecimiento de los instrumentos y acciones de protección de las mismas, saca a relucir que alguna pieza en este sistema no está funcionando. Lo cual se confirma con el estudio realizado por la organización Artículo 19 en el que señala que el 99.7% de los casos de agresión contra periodistas quedan sin resolverse y sin castigo a los culpables, el dato anterior sólo incluye  los 11 asesinatos  de comunicadores  y las 426 agresiones de otro tipo en contra de los profesionales en el año 2016.

Es un discurso en el que más allá de recriminar a los homicidas, se reconoce la incompetencia de las autoridades y la falta de funcionamiento del sistema protector de periodistas, por lo que Enrique Peña Nieto refiere a una responsabilidad con corresponsabilidad, pues él mismo no se asume como el único implicado en las fallas de Estado en materia de protección, no sólo de ciudadanos bajo el título de defensores de derechos humanos o periodistas, sino de la población en general. Sin embargo, el presidente ni siquiera menciona que los asesinatos de los profesionales de la comunicación se derivan de la inseguridad en el país, que en su mayoría viene propiciada por las pugnas entre organizaciones criminales y sus implicaciones con diversos funcionarios públicos.

En términos generales, se detecta una naturalización de: “asesinatos a periodistas en México”, pues la denotación de lo anterior sugiere la mera acción de quitarle la vida a un individuo en el país y la resignificación de lo denotado se vincula con, en muchas ocasiones, el crimen organizado o hasta con funcionarios públicos, bajo la justificación de poner en la agenda mediática temáticas que trastocan los intereses de cualquiera de los dos grupos mencionados, como lo reafirma Javier Garza Fox. Si bien el presidente no justifica los asesinatos de los periodistas, ya se ha normalizado que abordar temáticas que afectan u obstaculizan las prácticas de diversos grupos es una especie de sinónimo de ser silenciado, bajo diferentes formas delictivas.

El discurso de Enrique Peña Nieto es judicial, pues el mandatario es una figura jurídica de poder en el Estado mexicano y aunque explícitamente no apela a la ilegalidad de lo sucedido,   lo califica como “inaceptable” y responsabiliza a las propios órganos federales y locales que protegen a los periodistas por el incumplimiento de su labor, no de una manera violenta, sino como una llamada de atención para trabajar en conjunto para responsabilizarse como Estado.

 

 

 

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