Actos simbólicos que perpetúan impunidad y corrupción

Por Karina López Gaona

La necesidad de mecanismos de transparencia e instituciones sólidas es lo que sugirió El Universal en su editorial del día 15 de abril, como medida para palear la corrupción en el país, pues al retomar un estudio de la OCDE, se confirmó que, como lo dijo Enrique Peña Nieto, ésta es un mal cultural que se podría palear con el fortalecimiento de las instituciones sociales.

El uso del concepto corrupción es recurrente cuando se trata el tópico de los periodistas asesinados. La recriminación y responsabilización de los mecanismos de defensa es constante, pues se enuncia que éstos no cumplen por su función; por ejemplo, la BBC dijo que “Las autoridades ni los mecanismos pensados para protegerlos [a los periodistas] son capaces de evitar el baño de sangre…El sistema ha sido criticado por no lograr evitar ataques, el gobierno admite que es necesario reforzarlo y organizaciones han urgido a las autoridades a hacerlo más eficiente.”

El hartazgo del nicho periodístico es evidente, pues este viernes un cuarto periodista fue baleado afuera de un centro comercial en Baja California Sur, La Paz, éste es el periodista asesinado número cuatro de marzo a la fecha, sin contar el ataque fallido hacia otro profesional el mes pasado. Esta vez la víctima fue Maximino Rodríguez Palacios, de 73 años, quien laboraba en el blog Colectivo Pericú y cubría notas policiales.

A cuatro asesinatos de estos profesionales, la respuesta de los medios parece similar: 1.Exposición de los hechos, 2. Respuesta de las autoridades federales y locales, 2.Declaración de alguna organización protectora de derechos humanos y específicamente de periodistas, 3. Publicación de algunos artículos de opinión sobre el caso. 4. Se espera a que otro periodista sea asesinado para reproducir el proceso.

Si bien algunos profesionales del periodismo se quejan de la violencia ejercida sobre sus colegas y la impunidad en la resolución de los casos, su modo de denuncia también es muy similar en varias ocasiones. Se tiene el ejemplo del artículo de Viridiana Ríos, publicado en Excélsior bajo el título “¡Ayuda! Nos están matando” donde se alude al caso de Maximino Rodríguez, se retoman algunas estadísticas sobre cuántos asesinados ha habido este año y el anterior, así como esa referencia que dice que México es tan peligroso para ejercer el periodismo como un país en estado de guerra, la retoma de los tres casos anteriores, la impunidad al momento de hacer justicia a las víctimas, entre otros datos.

Es cierto que en este tipo de artículos se percibe un sentido de identificación entre los autores y víctimas por el lazo que los une: el periodismo y quizá la intención de mejorar el entorno social, pero tiene que mencionarse que no en todos los diarios o blogs se  pronuncian sobre este tipo de crímenes. Por otro lado, el tipo de datos que se retoman la mayoría de las veces son similares: investigaciones de Artículo 19, la labor de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra Periodistas o los aportes del Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ)

Como aclaración, no se considera que la reproducción de este modelo sea algo malo, simplemente responde a un sentimiento de angustia y hartazgo por parte de este nicho profesional, pues la alusión a aspectos impactantes como el incremento de periodistas asesinados o la peligrosidad para ejercer su profesión en México, al hacer el comparativo con países beligerantes como Siria o Afganistán, ilustran la magnitud del problema y aluden al pathos, así como la constante repetición incentiva el enraizamiento de la concepción: periodismo en México=peligro.

No obstante, hay un aspecto que pocas veces se ha tocado, el papel de las organizaciones civiles que protegen a los periodistas ante la ineptitud o falta de respuesta de las instituciones federales o locales. Como ejemplo, Viridiana Ríos dice que “Mientras que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra Periodistas siga siendo una fachada, la lucha contra la corrupción no funcionará” y menciona la necesidad de una Fiscalía Anticorrupción autónoma, lo anterior devela que la confianza hacia mecanismos oficiales para la defensa es nula o con cada asesinato o delito hacia los periodistas se atenúa.

Se identifica que estos órganos no gubernamentales son el principal respaldo de los periodistas, para muestra, Animal Político publicó en un texto que Maximino Rodríguez había denunciado ante Artículo 19 –organización independiente y apartidista que promueve y defiende el ejercicio de la libertad de expresión– que recibió amenazas por su trabajo desde diciembre del año pasado, él narró que había recibido llamadas telefónicas en las que le dijeron que “ya le pare, que no lo haga”.

La asociación condenó lo sucedido a Rodríguez al exigir al Gobierno de Baja California Sur la garantía del ejercicio de la labor periodística en la entidad; emprender medidas de prevención y combate a la inseguridad, así como impulsar acciones de protección para la familia de Maximino Rodríguez y los trabajadores de Colectivo Pericú.

Lo anterior pone en duda el respaldo y seguridad que puede proporcionar una organización como Artículo 19, si bien oficialmente no es su obligación resolver casos delictivos contra el nicho que protege y su acción es  filantrópica, pareciese que como órgano protector de periodistas su labor es más documental que accionaria. En su página web se plasma como un objetivo la investigación de amenazas, el acompañamiento a las personas cuyos derechos han sido violados y la coadyuvancia en el diseño de políticas públicas en su área de acción.

Lo anterior pone en manifiesto que la seguridad de los profesionales del periodismo no se salvaguarda con la labor de los mecanismos de defensa oficiales ni con la contribución de órganos no gubernamentales, un ejemplo es Artículo 19, que a pesar de haber sido notificados sobre el caso de Rodríguez, no se procedió de manera más profunda para protegerlo.

Ante esto, el escenario para ejercer periodismo en líneas de investigación como corrupción, delitos, narcotráfico, entre otras temáticas, parece devastador. Bajo este supuesto, la idea de una Fiscalía Anticorrupción autónoma propuesta por Viridiana Ríos en su artículo, tiene la facha de viable, pues a falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades federales y locales, se recurre a otras opciones, pero la pregunta es: ¿quién tendría que estar al frente de estas organizaciones para que se proceda al momento de la denuncia o se garantice la seguridad de los profesionales?.

Asimismo, las condenas por parte de órganos de defensa y justicia hacia los crímenes perpetrados a periodistas cada vez se perciben más simbólicas que verdaderamente significativas, pues parece  que sólo se trata de un acto en concordancia con la labor de estos organismos, la duda es qué tan significativo o qué cambio social trae que la Comisión Nacional de Derechos Humanos o Artículo 19 condenen los asesinatos. Una vez más, la afición por lo correcto sale a relucir.

Quizá lo dicho por Enrique Peña Nieto se corrobora de nuevo, la corrupción se engendra y perpetua culturalmente, si bien estos órganos tratan de palear la misma, sus acciones parecen superficiales y poco influyentes – pese a que los resultados de sus investigaciones tengan un gran valor argumentativo y proyecten la magnitud de la situación-  esto ilustra el simbolismo en torno a las acciones de defensa, seguridad y justicia para el bienestar de los periodistas, lo que refuerza y perpetúa un Estado corrupto y responsables impunes.

 

 

 

 

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