Por Karina López Gaona
Las aparentes respuestas y acciones simbólicas por parte de diversas asociaciones u organizaciones gubernamentales y civiles que se dedican a defender los derechos de los periodistas, es una premisa que Jesús R. Cedillo retoma en su artículo “4 periodistas muertos”, publicado en el portal de Vanguardia MX.
El autor dice “Lo voy a dejar por escrito sólo para que no se olvide. En lo personal, quien redacta la presente nota no cree absolutamente en eso de ‘condenar enérgicamente’, ‘alzar fuerte la voz’, ‘denunciar la injusticia’ y toda esa retahíla de frases simplonas, políticamente correctas, pero hueras. No creo en ello”. Cedillo comenta que su texto no tiene otro objetivo más que el de exigir justicia y que ésta se vuelva una demanda generalizada para la sociedad mexicana.
Como respuesta a los recientes asesinatos perpetrados hacia algunos periodistas en el país, en los últimos dos meses, las autoridades pronuncian frases muy similares a las que refiere el articulista. Pese a lo anterior, este tipo de enunciados pueden considerarse como palabras al aire que apelan a la cultura oral y que se vuelven actos enunciativos escurridizos que no garantizan seguridad, pero de los que florece un comportamiento políticamente correcto.
Ya se había mencionado que el presidente Enrique Peña Nieto dijo que es necesario el fortalecimiento de instituciones y mecanismos de defensa de periodistas; en contraparte, este 24 de abril, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, en marco del foro “La libertad de expresión en México”, organizado por la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados, expresó su opinión.
González Pérez aseguró que más allá de exigir recursos para mejorar el funcionamiento de organismos protectores de estos profesionales, el primer paso es erradicar la impunidad, pues ésta perpetúa la falta de resolución de los delitos hacia periodistas, factor que obstaculiza la consolidación de un sistema democrático en el país, “pues existirán zonas de silencio y miedo donde, como consecuencia de la impunidad y falta de protección real y efectiva a sus tareas, prefieran sesgar o censurar sus investigaciones para no exponerse”.
En el mismo foro, el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Jan Jarab, dijo que es la falta de regulación oficial la que coarta la libertad de expresión y fomenta prácticas de corrupción y censura en los medios de comunicación.
Hay dos puntos que delinean las razones de la peligrosidad que implica ser periodista en México, sin contemplar el papel del narcotráfico y la pugna existente entre organizaciones criminales en ciertos puntos del país, la impunidad y los conflictos de interés. Los dos participantes del foro pusieron especial énfasis en que los conceptos mencionados mantienen una mancuerna; es decir, los intereses de funcionarios públicos o ciertos grupos gubernamentales propician la impunidad y perpetúan la injusticia en los muchos casos delictivos.
Blanche Petrich, basada en un reporte de Artículo 19, apunta en La jornada que “Las fiscalías y procuradurías correspondientes primero desacreditan a las víctimas, desligan los móviles del crimen de su actividad periodística y protegen a los políticos involucrados. Por otra parte, los diversos mecanismos de protección que se han formado son inoperantes e incapaces de garantizar la labor periodística”.
Asimismo, pese a que en los últimos cuatro casos de periodistas asesinados en el país la responsabilidad es imputada al crimen organizado, “se atribuyen a funcionarios públicos 226 de los ataques a los periodistas y los medios. En 83 casos no hay elementos suficientes para determinar alguna responsabilidad, en 69 se identifica al atacante como un ‘‘particular’’ y en 17 se trata de la delincuencia. En cuanto al nivel de gobierno de los supuestos perpetradores, 91 son del ámbito estatal, 79 del municipal y 56 del federal”, según el texto de Petrich.
Al tener en cuenta estas cifras, entonces parece viable la idea que señala que los conflictos de interés eternizan la impunidad, pues se trata de una manera de silenciar actos ilícitos e ilegales que manchan la reputación de ciertos personajes, mismos que muchas veces se pronuncian o responden con base en lo políticamente correcto al ser cuestionados sobre los delitos cometidos hacia los profesionales del periodismo.
En términos generales, después de un asesinato, las declaraciones que muestran el sentir de las autoridades ante el panorama actual del periodismo son acciones verbales que no generan cambios en las estructuras protectoras porque, como se mencionó en el foro, el germen del conflicto parece ser la impunidad, misma que obstaculiza el funcionamiento de ciertos órganos defensores de los profesionales del periodismo.
A su vez, la impunidad tiene un origen, el cual podría ser la corrupción, la cual impulsa actos ilícitos e ilegales de funcionarios públicos y, como constructores de una realidad social, muchos periodistas exponen estas actividades truculentas, lo que se toma como un acto agresión y evidenciación. Esta premisa hace recordar lo enunciado por el presidente de la república, sobre la corrupción como un mal cultural.
Pese a que son figuras de autoridad quienes recriminan los asesinatos y demás delitos perpetrados hacia periodistas, se detecta que más que un discurso judicial en el que -idealmente- se tendrían que juzgar ciertos actos para determinar su legalidad e ilegalidad, justicia e injusticia, lo dicho por las autoridades apunta más al ramal discursivo epidíctico, pues se recriminan los actos mencionados con ciertas palabras y frases hechas que comienzan a carecer de un sentido real, o bien que simplemente son enunciadas como mero requisito de autoridad y no por un interés genuino de en verdad garantizar la vida de los profesionales que les permita ejercer su labor, un ejercicio libre, ético y con responsabilidad social.
http://www.jornada.unam.mx/2017/04/18/politica/006n1pol
Análisis de Políticas de Comunicación 
Munguía Hernández Aldo:
El gobierno mexicano no sólo ha renunciado a sus obligaciones: ha sido rebasado, no ha cumplido al garantizar la justicia y seguridad de los gobernados. El asesinato de periodistas es una de esos, siempre penosos síntomas. Los periodistas pasan de hacer notas a “ser” la nota, terriblemente, cuando son asesinados. El gobierno mexicano ha llegado a ceder o, quizá, a encargar el hostigamiento y asesinato de periodistas a grupos armados relacionados con el narcotráfico. O, acaso, ¿no hay en sitios de Tamaulipas, en Coahuila, Guerrero, Nayarit, Veracruz (y los que se sumen) un nexo recurrente entre el gobierno y el narcotráfico?
Si los narcotraficantes son quienes, se presume, han asesinado a periodistas y los mismos grupos armados tienen nexos con el gobierno, ¿no es una causa de la impunidad reinante? Basta recordar la renuente publicación del porcentaje de impunidad de la PGR: más de 99% de los delitos no son castigados.
Me gustaMe gusta