Oportunismo y Corrupción

Munguía Hernández Aldo Jair

Los reflectores se han aposentado sobre la captura de Javier Duarte; los medios retoman declaraciones de cuando éste era presidente estatal de Veracruz, investigaciones como la de Animal Político sobre las empresas “fantasma” que Duarte creó para desviar recursos del erario y beneficiarse de ello. Mucho se ha especulado sobre su captura.

En El Universal, Héctor de Mauleón ha publicado el 20 de este mes un artículo intitulado “Las mil versiones de la detención de Duarte”, en donde compara las declaraciones que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dio con las otorgadas por la policía guatemalteca, ¿por qué hay tantas versiones como personajes involucrados en la detención de Duarte? ¿Acaso la sombra de la corrupción sigue permeando la vida de dicho personaje aun cuando ya ha sido detenido?

Un elemento que pocos medios, por no decir ninguno, han subrayado son las consecuencias de facto pertenecientes a los delitos por los cuales se le acusa a Duarte. Los medios se están enfrascando en las declaraciones: las hay opuestas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), provenientes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes no escatiman en denunciar las relaciones partidistas de Duarte con funcionarios priistas; y también se encuentran las que pretenden enarbolar la lucha contra la corrupción a través de las órdenes del partido en el poder del país.

Lo que permite ver el tratamiento de la información sobre la detención y proceso de Javier Duarte no sólo reside en la culpabilidad del personaje, sino en la forma en que los políticos, algunos candidatos a la gubernatura del Estado de México; otros, en plena lucha intestina por ser postulados para ser candidatos a la presidencia de México, echan mano de la corrupción.

La corrupción sirve, es un instrumento político, pero es, ante todo, un elemento discursivo. ¿Por qué echar mano de la detención de Duarte constituye una treta de convencimiento político?

Lo anteriormente esbozado tiene sentido porque es el presente, el reto inmediato del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la apuesta institucional de la sociedad civil transformada en un mecanismo burocrático con deficiencias de origen, atenuado o, mejor dicho, disminuido en capacidades por el Senado de la República.

A las críticas de académicos, de propios candidatos a fiscales anticorrupción (véanse los textos anteriores), se suma esta semana el pronunciamiento de Miguel Barbosa, ex representante de la bancada del PRD en el Senado de la República y actual director del Instituto Belisario Domínguez.  En una columna publicado en el diario Milenio el ahora afiliado a Morena, subraya que al Senado se le fue la oportunidad de decidir el nombramiento del fiscal, lo cual pone en peligro la correcta operación del SNA.

A Barbosa se le olvida que él era uno de los responsables primeros, por ser parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que en sus manos estuvo una considerable oportunidad para designar, según las recomendaciones del Comité de Acompañamiento, a uno de los cuatro perfiles idóneos para ocupar el cargo de “zar anticorrupción”.

El Universal, en su columna editorial de Opinión, hace mención que la responsabilidad de la designación del fiscal depende del conceso entre las fuerzas políticas del Senado, entonces, ¿el fiscal anticorrupción debe complacer  a los senadores antes de que ser una persona capacitada y capaz para encargarse de la lucha contra la corrupción? ¿Acaso el PRI de la presidencia teme que, al darle potestades al SNA, le persiga cuando deje el poder el próximo año?

 

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