Proceso, en defensa del gremio (y en contra de Duarte)

Por Raúl Parra

Como ya se mencionó en otra entrada de este blog, el pasado 28 de abril se cumplieron 5 años del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista proceso en Veracruz. Este crimen marcaría el inicio de uno de los regímenes más mortíferos para los reporteros en la historia de México: el sexenio de Javier Duarte.

Y es que tal como lo asentó el propio semanario en su número 2112, en el que dio un giro al tratamiento informativo sobre la captura de Duarte respecto a los demás medios, el ex gobernador tiene una “deuda de sangre” en el estado, principalmente por las desapariciones forzadas y los asesinatos de periodistas.

Durante el mandato de Duarte fueron asesinados Noel López Olguín, de Noticias de Acayucan; Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Gabriel Huge y Yolanda Ordaz, de Notiver; Guillermo Luna Varela, de Veracruz News; Esteban Rodríguez del Diario AZ; Víctor Manuel Báez Chino, de Milenio; Gregorio Jiménez de la Cruz, de Liberal del Sur; Moisés Sánchez Cerezo, editor de La Unión; Juan Mendoza, fotoperiodista de El Dictamen; Armando Saldaña, locutor de la Ke Buena; Juan Santos Cabrera, ex corresponsal de Televisa en Orizaba; Anabel Flores, colaboradora de El Buen Tono y El Sol de Orizaba; así como Regina Martínez, de Proceso.

Es precisamente sobre el crimen perpetrado contra esta última comunicadora y la política de comunicación que ha elaborado el semanario al respecto sobre lo que versará este análisis.

Al igual que lo hizo La Jornada en el caso de Miroslava Breach, Proceso también reaccionó de manera furibunda ante el asesinato de su colaboradora, del alguien de casa. Sólo que, a diferencia de aquella, los directivos y reporteros de la revista no sólo lo hicieron en sus páginas, sino que también interpelaron directamente al ―en ese entonces― gobernador Javier Duarte.

Eso es lo que se cuenta en artículo publicado sin firma en el número 2112 de la revista: el ‘desencuentro’ con el último emblema de la corrupción priista. Ocurrió primero en Veracruz y luego en Fresas 13, histórico recinto que ha albergado las instalaciones de la revista Proceso desde su fundación.

En la primera ocasión, los directivos del semanario fueron hasta la Casa de Gobierno ubicada en Xalapa para pedirle cuentas al gobernador y exigirle que el asesinato no quedara impune. Por el lado de Proceso acudieron el fundador Julio Scherer García; el director Rafael Rodríguez Castañeda; el subdirector Salvador Corro; el reportero Jorge Carrasco y el fotógrafo Germán Canseco. Por el Gobierno de Veracruz, Javier Duarte estuvo acompañado de una pléyade de funcionarios subalternos que incluía al procurador de Justicia del estado, Amadeo Flores.

Fue una reunión ríspida en la que, según el redactor anónimo, Duarte optó por “la lisonja, el derroche y la ostentación ante la tragedia”. El gobernador se deshizo en halagos sobre la revista y su fundador ―revela el mismo testigo no identificado― hasta que el propio Scherer lo paró en seco: “Lo que usted nos está diciendo no es más que la superficie. En suma, señor gobernador, no le creemos”.

Rodríguez Castañeda salió en defensa de la reportera y señaló, a nombre de la institución, que rechazarían cualquier explicación del asesinato por motivos pasionales que no considerara el trabajo periodístico de Regina.

Como es ampliamente conocido, en México cuando hay feminicidios los organismos encargados de la administración y la procuración de Justicia criminalizan a la víctima y aspiran a resolver todo aduciendo que su asesinato se dio por ‘motivos pasionales’. Ésa fue la versión oficial en el caso de Regina: el crimen fue “cometido por un delincuente y sexoservidor al que se presentó como amante de la periodista”.

Tras el ríspido encuentro, Duarte propuso dar una conferencia de prensa conjunta, pero los directivos de la revista se negaron; optaron por emitir un comunicado aparte. A pesar de ello, Duarte les pagó una habitación en el hotel Crown Plaza de Xalapa para tratar de cooptar su voluntad, pero los periodistas se rehusaron a ocuparlas.

Sin embargo, el peor momento de Duarte ante la prensa vendría después, cuando osó visitar la redacción de Proceso acompañado del ex gobernador de Oaxaca José Murat. Ahí se encontró con la animadversión de los reporteros Álvaro Delgado y Arturo Rodríguez, quienes lo increparon directamente.

“No vamos a dejar de exigir que no haya impunidad en el caso de Regina Martínez, pero también en el de Jorge Carrasco y el de Noé Zavaleta, que están bajo acoso criminal del gobierno que usted encabeza”, le dijo Delgado.

“Para nosotros, una amenaza contra uno es contra todos. Por cada uno, van a ser 10 más los que vamos a ir a buscar con usted y su gobierno para que se haga justicia, que se respete el trabajo y que no haya más impunidad, porque ya es demasiado”, le espetó Arturo Rodríguez y, antes de que se retirara, remató: “No ha sido un gusto conocerlo”.

Es muy interesante analizar cómo en este caso la protesta trascendió las páginas de la revista y se convirtió, a través de la oralidad, en un discurso antagónico recriminante. Obviamente ambas partes hablaban desde una posición de poder: Duarte contaba con el poder del Estado (en mayúsculas) y sus órganos de Justicia y Proceso con el poder mediático que, como se sabe, también es muy influyente e, incluso, capaz de derrocar presidentes en algunas sociedades. El reclamo y las exigencias de Proceso pasaron a la acción directa.

El 28 de abril Proceso publicó asimismo un video a través de su canal de Youtube en el que los corresponsales de la revista en diferentes estados de la República se solidarizan con su compañera fallecida. Es narrado por Verónica Espinoza, corresponsal de Proceso en Guanajuato y también aparece Noé Zavaleta, quien tomó la estafeta una vez que Regina Martínez ya no pudo ejercer el periodismo en Veracruz.

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