Cuatro valores transgredidos en el periodismo

Por Karina López Gaona

La urgencia de erradicar los asesinatos contra periodistas en México es un asunto de agenda pública que ha traspasado fronteras; la semana pasada se celebró una conferencia de la ONU en Ginebra, Suiza, donde el alto comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, habló sobre la situación de los periodistas en América Latina, especialmente en el país.

El comisionado dijo que desde el año 2000 se registró  la perpetración de 124 asesinatos a estos profesionales, de los cuales “Sólo el 6 por ciento de los casos de homicidio parece estar resuelto. Por lo tanto, existe una enorme brecha de impunidad que debe ser abordada”, señalo Hussein.

En marco de este llamado de atención al gobierno mexicano frente a la comunidad internacional, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con la delegación del Comité para la Protección de  los Periodistas (CPJ) donde se comprometió a erradicar la impunidad en los asesinatos a periodistas y mencionó que su seguridad y protección son dos prioridades en lo que queda de su administración.

Asimismo, durante la sesión se puso en duda la utilidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a lo que el procurador General de la República planteó la posible sustitución del fiscal federal Ricardo Nájera, “por alguien experimentado que tendrá el apoyo y el reconocimiento de las organizaciones (de libertad de expresión)”.

Las declaraciones del secretario de la PGR presuponen la atribución de la responsabilidad a Ricardo Nájera, pues se señala que no tiene las aptitudes necesarias ni la experiencia suficiente para asumir su cargo y hacer funcionar la FEADLE. De igual forma, se identifica que el actual fiscal federal de dicho organismo no cuenta con el apoyo y reconocimiento de organizaciones de libertad de expresión por su aparente falta de experiencia.

La organización subrayó que, en los escasos casos de asesinatos de periodistas que derivan en una condena, las autoridades no logran determinar el motivo del crimen, ni dar con el autor intelectual del mismo. “Al no determinar un vínculo claro con la actividad periodística ni proporcionar ningún motivo de los asesinatos, la mayoría de las investigaciones continúan rodeadas de opacidad”, señaló la CPJ.

Pese a esta declaración de la CPJ, en los últimos casos de periodistas asesinados, la relación de la actividad profesional de las víctimas y su muerte es establecida por los mismos miembros del nicho periodístico, al hacer conjeturas acerca de las líneas de investigación de sus colegas, las cuales tienen que ver con la denuncia de alguna actividad ilícita de funcionarios públicos, o bien la exposición de la actividad de grupos criminales o miembros específicos de éstos.

Desde la mirada de los periodistas, sin generalizar, se detecta una ideología basada en valores como la libertad, la justicia, la democracia y la seguridad, cuatro ámbitos que refieren a los objetivos del periodismo crítico y de investigación. Dichos valores son trastocados al momento en que se coarta con la libertad para el ejercicio periodístico, una de las formas de coartación no sólo es el asesinato, sino otras maneras de violencia que ya se han mencionado.

Son los mismos miembros del nicho periodístico quienes etiquetan o caracterizan a sus colegas que han sido víctimas, pues ya se ha dicho que los primeros, al momento de haber algún asesinato, son quienes, en un papel detectivesco, plantean una asociación entre las líneas temáticas que abordan los asesinados en sus investigaciones con su muerte.

El supuesto expresado ha salido a colación debido a que en los discursos de autoridades como el presidente o algún representante de órganos judiciales de carácter estatal o federal, se emite un discurso referencial, en la medida en que se expone el hecho, con gran carga emotiva al expresar su sentir sobre el asesinato, pero no se ha detectado que se atribuya la razón del asesinato debido a las líneas de investigación de los profesionales.

La respuesta de las autoridades o figuras de poder en el Estado mexicano en torno a esta problemática, la mayoría de las veces señala la intención de mejorar los mecanismos de protección a periodistas y la erradicación de la impunidad al momento de la resolución de los casos. La aparente urgencia de las autoridades para paliar el problema, sólo tiene facha de un acto de enunciación incitativo.

Se supone que la labor periodística se acompaña del derecho a la libertad de expresión, mismo que, idealmente o utópicamente, se ejerce para lograr un ambiente democrático y justo para la colectividad dentro de una sociedad. Sin embargo, si este mecanismo ideal es transgredido cuando -en un país donde supuestamente la práctica de esta profesión se apega a un marco jurídico que señala lo siguiente:

Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito. (Artículo 7º constitucional)

-se atenta con el libre ejercicio del periodismo a manera de silenciamiento de los profesionales, se genera una incertidumbre en este nicho; así, los marcos jurídicos y demás órganos que pretenden garantizar la seguridad de los periodistas se visualizan como meros entes simbólicos que más que tener una función real, forman parte de un requisito requerido por ley o por presión internacional y que se derivan de un discurso ideológico basado en el derecho y la moral, o bien en lo políticamente correcto, cuyo objetivo tiende al rechazo de los asesinatos a los periodistas para perpetuar su poder.

 

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