Protección política

Munguía  Hernández Aldo Jair

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) carece de fiscal. El enunciado es renuente, pero no debe escatimarse en ser señalado. Una vez más la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Jacqueline Peschard ha urgido al Senado de la República que nombre al fiscal anticorrupción.

Peschard insiste, como lo dejan atestiguar las notas de El Universal y Excélsior, en que el proceso de designación del fiscal debe ser transparente y señala un poco de vital importancia: pide a Enrique Peña Nieto envíe al SNA las

“valoraciones objetivas que hizo para hacer la propuesta de los 18 magistrados, tres de ellos para la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 15 para salas Regionales Especializadas en Materia de Responsabilidad Administrativa, así como el listado de todos los interesados en ser considerados.”

¿Qué hay en el discurso de Peschard a través del tiempo? ¿Ha cambiado? En entradas anteriores se analizó un discurso de la propia presidenta del CPC,  quien se ha encargado de estar presente en los medios de comunicación como portavoz del SNA, en donde se ha mostrado crítica.

Pero detengámonos un momento para analizar la propuesta de Peschard para con el presidente. “Las valoraciones objetivas”, las cuales pide la presidenta del CPC son de tipo meritocráticas. Los perfiles de los funcionarios públicos, integrantes del SNA, pero no sólo de dicha institución, deben cumplir ciertos parámetros para ser elegidos, entre los que figuran tener una buena reputación pública, no pertenecer a un partido político y una carrera en la administración sin casos de corrupción.

¿Por qué se menciona a los 18 magistrados? Peschard pide que el nombramiento de los magistrados sea transparente, que se otorguen las razones, siempre meritocráticas, de la selección de ciertos perfiles, pero que, además, se muestre todas las opciones; es decir, la presidenta del CPC infiere la posibilidad de que algunos perfiles sean beneficiados sobre otros sin razón “objetiva”:

La principal atribución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) es resolver las controversias que se susciten entre los miembros de la administración pública y los particulares. Sin embargo, el TFJA no formar parte del poder legislativo sino que depende, al menos presupuestalmente, del Poder Ejecutivo federal, es decir, del Presidente, en este caso, Enrique Peña Nieto.

Dichos magistrados forman parte de la política anticorrupción presente antes del SNA, pero que dicha institución necesita para concretar un órgano consistente. Empero, la presencia del ejecutivo federal es renuente en la estructura orgánica del SNA.

En función de sus atribuciones legales, el presidente mexicano nombra a los miembros de su gabinete. Designa, por ejemplo, al titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en este caso, Arely Gómez, de quien en entradas anteriores se ha matizado su vínculo con el presidente.

La Procuraduría General de la República también depende del nombramiento del presidente, es decir, es otra institución encarga de la justicia subordinada a la presidencia mexicana. ¿Es el nombramiento de los 18 magistrados una forma no sólo de atar al SNA sino, en general, a la justicia en cuanto a conflictos con servidores públicos se refiere?  ¿Es una forma en que Peña Nieto, y los ejecutivos nacionales, tienen para evitar ser investigados?

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