Hacer público el discurso que se quiere privado

Por Karina López Gaona

Como se ha visto, los asesinatos contra periodistas en México son una problemática que está lejos de encontrar una solución, pese a que el Estado mexicano, mediante el uso de la retórica judicial, se ha comprometido a lograr que los mecanismos de protección de estos profesionales operen de manera oportuna para paliar el estado de emergencia en materia de ejercicio periodístico en el país. Las autoridades etiquetan los crímenes como actos ilegales de acuerdo al marco jurídico en México, pero no se señala la persona o grupo autor del homicidio, sólo se refiere a “responsables”.

No obstante, al tomar en cuenta el discurso ideológico del gobierno mexicano, como institución, se detecta que sus pronunciamientos no son más que una respuesta políticamente correcta, puesto que los señalamientos hacia los grupos de poder dentro de las investigaciones periodísticas, son discursos que ponen en riesgo la legitimidad del poder de funcionarios públicos implicados.

Como la sociedad discursiva que es el gobierno, éste busca un orden del discurso, es decir controlar su producción, circulación y aparición. Este principio de ordenamiento impide que los periodistas puedan divulgar aspectos que trastocan el poder, pues de acuerdo con sus intereses, no todo es pertinente difundir, ya que para efectos de perpetuación del poder, ciertas acciones y movimientos dentro del nicho gubernamental deben quedar en la esfera privada.

Muchos periodistas, en aras de hacer un cambio en su país y promover una estructura social, política y económica basada en la democracia, emiten investigaciones periodísticas donde se exponen actos de corrupción, impunidad o cualquier actividad que criminalice a funcionarios públicos u organismos de orden federal o estatal; al momento de emitir este tipo de trabajos se fractura el orden del discurso impuesto por los sujetos  en el poder.

Normalmente, aquella información que permanece en la esfera privada, es objeto de indagación de periodistas investigadores. Si bien los medios de comunicación también forman parte de una sociedad discursiva, los periodistas en sí, lo son parcialmente porque son las cabecillas de las empresas donde laboran quienes tienen el poder de decisión para estructurar el orden del discurso con base en una línea editorial y con los intereses monetarios y políticos que tenga.

Los asesinatos – y cualquier tipo de violencia- perpetrados hacia periodistas por funcionarios públicos, así como por grupos criminales, se tratan de actos simbólicos que refuerzan un sistema de censura. Éste como producto de una serie de señalamientos hacia funcionarios públicos que los categoriza y enjuicia como meros partícipes del crimen, es decir los etiqueta como  criminales. Dicho esto, la criminalización se toma como un acto ofensivo, o bien  atenta en contra de la moralidad de toda una sociedad que aspira a la democracia.

El ejercicio del periodismo que señala actos inmorales e injustos perpetrados por funcionarios públicos y grupos criminales, son parte de investigaciones que no tienen que estar en el discurso público de acuerdo con los afectados, pues además de vulnerar  sus posiciones de poder – en especial la de los funcionarios – es un atentado contra su dignidad e imagen pública. Y por el lado de las organizaciones criminales, se trata de actos de habla que ponen en manifiesto su modus operandi y los denuncia ante un supuesto sistema penal.

Los discursos periodísticos no son rechazados o recriminados públicamente por los implicados, sino que en algunas ocasiones se recurre a la violencia o coacción para intimidar a los profesionales, en otras palabras, se coarta con su libertad de expresión. Esta forma de callar a un nicho forja una intención de propagar un sentimiento de miedo  que busca que los periodistas no transgredan con el orden del discurso.

El constante ejercicio de coacción de la libertad de expresión de periodistas refuerza un mecanismo cultural que promueve la creación de un referente con connotación negativa en torno al periodismo que aborda lo que hay detrás del funcionamiento de grupos delictivos, sus nexos con funcionarios públicos u otros actos de corrupción.

Por tanto, dentro de la comunidad de periodistas, pese a que las investigaciones, cuyos actores de indagación ya se ha mencionado, persiguen la denuncia de actos antidemocráticos, se promueve el sentimiento donde se expresa que su trabajo es reprobado por las autoridades y se engendra un miedo en las nuevas generaciones de periodistas que temen insertarse en el nicho de profesionales que cubren el tipo de temáticas ya dichas.

Por su parte, en una entrada se planteó la pregunta sobre a quién le importan los periodistas y se concluyó que en realidad a nadie; con base en este planteamiento, la impunidad de los casos de periodistas asesinados y la perpetración de los mismos, se trata de un delito que no cesará, puesto  que son delitos que no generan un grado elevando de descontento, indignación o intolerancia de la sociedad en su conjunto, sino sólo del propio nicho afectado y cuya exigencia de justicia no tiene fuerza suficiente para hacer valer la ley, como un instrumento punitivo y protector de las víctimas.

 

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Un comentario sobre “Hacer público el discurso que se quiere privado

  1. Hola, Karina.
    Lo importante de tu texto es que retomas varios conceptos que hemos visto a lo largo de la clase y además, que los sabes expresar en un discurso que apela al análisis de la información que converge en la disputa entre lo publico y lo privado, en un debate que tiende de un hilo, sobre todo por el último caso registrado de un asesinato de un periodista, Javier Valdez Cárdenas, en Sinaloa.
    Lo único que me hubiera parecido pertinente es hacer mención de algún caso concreto de lo que expone tu escrito. Es todo.

    Saludos.
    Adriana Arellano

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