IDEOLOGÍAS Y EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Munguía Hernández Aldo Jair

Una de las líneas que se ha abordado es el análisis contextual de los discursos inherentes al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Desde la puesta en marcha anunciada por Enrique Peña Nieto hasta la última petición de Jacqueline Peschard al Senado de la República para esclarecer el nombramiento de 18 magistrados que tienen plenas facultades para castigar anomalías, como cosas de corrupción, de servidores públicos.

A través de los análisis anteriores se puede, ahora con fundamentos, identificar, siempre a través de los medios de comunicación (escritos, sobre todo), las posturas ideológicas presentes en la conformación del SNA. La pugna discursiva, empero tiene y se refiere a una presente material, entre dos o más grupos interesados en atacar sus posturas, siempre en fricción y contrarias, como menciona Olivier Reboul.

No han sido pocos los funcionarios que han utilizado los medios de comunicación para externar sus posturas ante el SNA: Peschard en El Universal; Miguel Barbosa en Milenio; el diputado de MORENA, Vidal Llerenas en Forbes, por mencionar algunos.

Los tres funcionarios del gobierno: Barbosa como senador, Peschard como miembro del SNA, Llerenas como diputado, han mostrado posiciones ideológicas que se extienden a otros funcionarios públicos y a los miembros de la sociedad civil, no sin olvidar la presión de los empresarios a través de la COPARMEX, y el papel del IMCO.

Las posturas ideológicas en torno al SNA pueden esgrimirse a través de lo que Llerenas escribió en Forbes el pasado 10 de mayo. El diputado de MORENA dice, en un primer momento, que

“el problema, es que las reformas institucionales deben de ser acompañadas por actores políticos con el compromiso de respetarlas y trabajar conforme a su espíritu. No es el caso del gobierno mexicano. Como la reforma en realidad les fue impuesta, la estrategia parece ser la de posponer su puesta en operación y minar, en la medida de lo posible, su margen de acción.

Para luego matizar aún más: “Se advierte un acuerdo del PRI con el PAN para repartirse a los magistrados.”

A partir de dicho texto se puede analizar que hay un par de posturas ideológicas inherentes a la corrupción: hay quienes se pronuncian por un SNA en donde la meritocracia sea el pilar fundamental de las designaciones, cuyas acciones benefician el proyecto y, en el cual, astutamente, el diputado de MORENA se incluye, aunque no de manera explícita (pensamiento disimulador).

A decir verdad, Llerenas se contradice: menciona que el gobierno no respeta las reformas institucionales, pero olvida que él, al ser diputado, pertenece al gobierno. Empero, dicho error discursivo no sólo es síntoma de una falta de corrección sino de un distanciamiento ideológico ante el grupo antagonista: el PRI, el PAN y los funcionarios públicos pertenecientes a dichos partidos, los cuáles son conceptualizados como “gobierno”.

Así pues, “el gobierno” se erige como el grupo antagonista ideológicamente. El enemigo es construido por su contrario. En ese sentido, “el gobierno” no está comprometido con el SNA porque ello atenta contra sus propios intereses, “minar” el SNA, reducir su cuadro de acción.

La pugna es, ergo, entre quienes atentan al SNA y quienes lo defienden: allí está la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (PCP), Jacqueline Peschard quien exigió a Peña Nieto presentara los criterios de selección de los magistrados. También está Miguel Barbosa, quien escribió en Milenio sobre la falta de nombramiento de los 18 magistrados y externó su preocupación por el riesgo que corre el SNA por falta de elementos como el fiscal así como de los magistrados.

La distinción entre los simpatizantes con el gobierno federal, encabezado por Peña Nieto, y sus detractores ha llegado hasta el SNA. “La falta de acuerdo” es un argumento renuente cuando se trata de justificar la falta de la cabeza del propio sistema, ¿cómo se espera que posturas ideológicamente contrarias se pongan de acuerdo sin perder de vista el objetivo del SNA, que es castigar casos de corrupción, en donde, además, debe imperar la transparencia y el mérito?

Y esa cuestión no atañe únicamente a la conformación del sistema encargado de la lucha contra la corrupción en todos los niveles de la administración pública (municipal, estatal y federal), sino al sistema mexicano que se quiere democrático, transparente.

Sin embargo, hay que distinguir también un matiz ideológico entre, por ejemplo, Peschard y los miembros de los partidos políticos como el PRD y MORENA, antagonistas de facto del PRI, además de la filiación del PAN para con el partido en el poder federal.

Jacqueline Peschard ha jugado un papel central en el SNA. Empero, su actuar sigue condicionado por las designaciones del Congreso de la Unión (en donde se encuentran Llerenas y Barbosa) y, particularmente, del presidente de la República, quien signó la promulgación del SNA ante las protestas de los ciudadanos ante la investigación periodística de la Casa Blanca.

Ideológicamente no se puede encasillar a Peschard, no al menos desde su actuar y discurso visible en los medios de comunicación, con el grupo opositor al régimen priista. La corriente ideológica de la presidenta del CPC tiene que ver con los propios estatutos que dieron origen al SNA: denuncia, investigación, sanción, corrección y resarcimiento del daño por corrupción.

Muestra de ello son las constantes peticiones hechas por Peschard al Senado, en donde lo urgió para la designación del fiscal, mismo puesto aun desierto, sin fecha para su designación. Además, la puntual petición a Peña Nieto en lo referente a los 18 magistrados.

El choque ideológico no ha permitido la designación de un fiscal, ni de la puesta cabal del SNA, pero hay un elemento más que puede considerarse y que ha sido inquirido por más de uno: ¿acaso el PRI teme que, al dotar al SNA, y, ante la pérdida de los comicios en 2018, pueda ser investigado, castigado por desvío de recursos, conflicto de intereses, en síntesis, corrupción?

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